Manuel Alamilla Ceballos, titular de Oficialía Mayor, fue el principal beneficiado con la declaratoria de emergencia por el arribazón de sargazo a las costas del estado, debido a que él y la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), serán los únicos que podrán decidir la contratación y suspensión de obras que se lleven a cabo para el trabajo sobre el alga marina.
El pasado 7 de junio el gobierno que encabeza Carlos Joaquín González, publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria emergente por el exceso arribo de sargazo a costas de Quintana Roo, en el documento se menciona el desastre natural y que se busca bajar recursos de la federación destinados para hacerle frente al problema.
La posibilidad de recursos por alrededor de 600 millones de pesos para el combate del sargazo, ocasiona que Alamilla Ceballlos se “relama” los bigotes y pueda brindar los contratos a sus “cuates”, previa mochada.
De hecho, la declaratoria “era bola cantada”, ya que todos los involucrados podrán brincarse los protocolos oficiales y sacar el sargazo como quieran, sin importar que pueda ocasionar un daño ambiental mayor, al ya existente por el hecho de sé que acumule y se pudra en las costas.
Lo que se puede leer dentro de la declaratoria publicada, es que la autoridad estatal sin “querer” empoderó al oficial mayor, quien se ha distinguido por correr a más de tres mil trabajadores del gobierno y sin ser ni siquiera liquidados, además de ser conocido como el “consentido” del gobernador y el “rico” del “gobierno del cambio”.
En la página 28 de esta declaratoria de emergencia, en el numero quinto se da a conocer el “poder” que le otorgó el gobernador del estado a Alamilla Ceballos, para que a modo de dedazo decida quien sí y quien no trabajará en el tema de limpieza de playas por el arribo del sargazo, así como de otras obras públicas, en donde se ha visto el beneficio a su gente cercana a él.
“Se instruye a la Secretaría de Finanzas y Planeación y a la Oficialía Mayor, para que en caso de que sea necesaria la contratación o suspensión de obras públicas o adquisición de suministros, y previa solicitud debidamente justificada de la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) o de la Coordinación Estatal de Protección Civil cuando así corresponda, se tome consideración y observen lo previsto en los artículos 33 fracción l LV, 39 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo; y 4 fracciones ll y V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, según corresponda, al origen del recurso”, se puede leer en el documento.
Aun así, en el documento se da a conocer que ambas dependencias decidirán el destino de las licitaciones y recursos, dejando en el olvido que se necesita una comitiva que se encargue en revisar los programas, analice licitaciones, emita observaciones y recomendaciones, para coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, como lo menciona en el artículo 15.
La llegada de los recursos emergentes para el tema del sargazo preocupa, ya que Alamilla Ceballos estuvo envuelto en una serie de señalamientos por actos de corrupción, sin que la autoridad estatal tome cartas en el asunto.
El mes pasado se dio a conocer que, mientras se mantenía el discurso de austeridad en el Gobierno de Quintana Roo, el oficial mayor contrató en 2017 una empresa por 500 mil pesos, mediante un contrato de seis meses, para promover la imagen de esa dependencia.
Este contrato favoreció a Proyectos Integrales de la A a la Z S.A de C.V, representada por Ramón Fernando Aguilar Fernández, por un monto de 490 mil pesos, tan sólo por el periodo de junio a diciembre de 2017.
El contrato fue para la generación y difusión de contenido digital institucional para la Oficialía Mayor, el cual fue firmado el 19 de junio de 2017, que tuvo como responsable de supervisión al consultor de Comunicación Social de la Oficialía Mayor, Horacio Rubio Toledo, además de contener las firmas del propio Manuel Alamilla Ceballos y del director administrativo de la Oficialía Mayor, José Manuel González Acosta.